Es impactante lo que hemos presenciado el fin de semana recién pasado, y es que nadie esperaba el bochornoso enfrentamiento entre dos de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía, pero que se han dedicado a ser el brazo armado del empresariado en la zona y a dar impunidad a los uniformados que a cada tanto usan y abusan en el territorio mapuche.

Las acusaciones que el Fiscal Luis Arroyo lanzara contra la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile (Dipolcar) respecto de un “montaje” en el marco de la “Operación Huracán”, constatan una realidad que muchos denuncian hace bastante tiempo sin haber existido forma de comprobarlo hasta ahora. Se requirió que un par de superhéroes se pisaran la capa para que afloraran los antecedentes; una acusación por parte de la Dipolcar hacia una abogada asistente, de filtrar información a la CAM, a la que además vincularon sentimentalmente con el fiscal Arroyo.

Fue la gota que rebalsó el vaso. A las horas, se frustraba un allanamiento a las oficinas de la inteligencia policial  en Temuco de parte de la Policía de investigaciones, mientras la vocera del Ministerio Público declaraba iracunda que “en 18 años de Reforma Procesal  Penal jamás había visto este grado de privilegios de parte de Carabineros de Chile”. Más razones a estas alturas, para profundizar la convicción de que una reforma estructural a las instituciones de orden y seguridad que aumente el control de la sociedad sobre estas instituciones y las democratice en promoción, formación y acceso, suprima los tribunales militares y las responsabilice civil y penalmente por sus acciones, debe ser una prioridad para cualquier fuerza transformadora.

Como contraparte, lo planteado por Gonzalo Blumel es una “modernización” que entregue facultades para justificar irregularidades y legitimar los abusos, lo que no solo impide solucionar el problema de fondo, sino que lo profundiza, extendiéndose peligrosamente a cualquier manifestación anti neoliberal, incluidas las pretensiones de basificación del Frente Amplio.

La superación de este vergonzoso espectáculo exige un cambio de perspectiva en el abordaje del conflicto de parte de quienes oficien como autoridad, lo que exige una voluntad política, lamentablemente, sin precedentes en la historia de Chile. Las señales políticas hoy, antes del ascenso de la derecha, son relevantes y pueden eventualmente marcar la diferencia en el ocaso de la Nueva Mayoría, entre terminar su mandato haciendo valer las responsabilidades políticas desde el Ministerio del Interior hasta los funcionarios que impidieron el allanamiento el día viernes o el recuerdo de la omisión y la desidia hacia este tema que han primado en su gestión gubernamental.

Y es que es cosa de “googlear” para entender; el allanamiento a la Machi Francisca Linconao y ver policías de civil “plantando” pruebas, o la ridícula “operación Tauro” y el “desmantelamiento a la escuela de guerrilla mapuche” de “armas” plasticas (por lo demás, sin responsables). No olvidar tampoco el caso Luchsinger Mackay, donde la ordinariez de las pruebas generó la absolución total de los imputados, las cuestionables circunstancias en que son detenidos los imputados del “caso iglesias”, incluso situaciones irrisorias, tomadas por ciertas, que culminaron en sentencias terribles para inculpados como Celestino Córdova, de quien se preguntó en su defensa: “¿un ciudadano puede caminar en 15 minutos, dos kilómetros y medio con una herida de bala en el pecho?”, o Lorenza Cayuhan donde la prueba incriminatoria más fehaciente es el reconocimiento de un testigo de oídas, sin rostro y que no conocía a la familia ni a quien dijo identificar, agréguele Ud. el nacimiento de la pequeña Sayen, que vive ya su segundo año tras las rejas producto de un juicio injusto patrocinado por la Forestal Volterra.

¿Recuerda usted a Patricio González y Luis Marileo asesinados por un ex capitán de carabineros que acusó robo de caballos y que al poco andar fue el mismo ex uniformado, Ignacio Gallego Pereira, el acusado de robar ganado y matar a los peñi cuando fueron a reclamar sus caballos? O Macarena Valdes, asesinato comprobado por peritajes forenses, realizado por sicarios frente a su hijo menor hace 2 años, sin embargo la justicia no actúa con la diligencia que la caracteriza cuando los afectados son colonos. Parafraseando a Blumel, cuando hablamos de las olvidadas víctimas de la violencia ¿hablamos de las familias mapuche vulneradas incansablemente por los organismos estatales o solo a los detentores de apellidos derivados del desembarco de delincuentes ibéricos en 1492 ? Así suma y sigue…

Así la enorme cantidad de personas baleadas, agredidas, allanadas y gaseadas en diversas comunidades que han sufrido los rigores de la doctrina de seguridad interior del estado aumentan imperceptiblemente para la sociedad, justificado en el paranoide mito del enemigo interno y la estrategia de guerra de baja intensidad, fructífera triada que ha sido generoso caudal de justificaciones para el colonialismo del gobierno de turno y sus políticas extractivas neoliberales. Los nombres de las víctimas se eternizan y son tantos que uno ya teme dejar gente afuera y decide nombrar el bosque en vez del árbol...me imagino y espero que llegue la hora de nombrarlos a todos y todas y conocer sus historias, compartir sus dolores y ensanchar el futuro sin el temor de guardar líneas para otros y otras.

Situaciones como esta se empeñan en revelar que un problema político, no se solucionará por la vía represiva, ejemplos en el mundo abundan, de los que ademas se ha escrito mucho y es que difícilmente esta ceguera estatal arrojará pruebas que justifiquen la acción de las policías. Entonces, los miles de millones invertidos en militarizar el territorio no tendrán frutos distintos a proteger la propiedad privada y neoliberal en un territorio que reclama propiedad colectiva y comunitaria, en la danza de millones que mojan a políticos y policías por igual aumentará la presión para sacar resultados del sombrero del mago, y el círculo vicioso crecerá tanto más se empecinen los gobiernos en usar la violencia del estado contra las legítimas reivindicaciones del pueblo-nación más antiguo que pisa esta tierra.

No hay que cansarse de decir que, para avanzar en la necesaria unidad entre los pueblos que supere al neoliberalismo, resulta imperativo reconocer en el conflicto Estado – Pueblo Mapuche, su dimensión política fundamental y trascendental, donde el conflicto que se genera por la colisión entre formas distintas de producir y reproducir la vida que además se niegan mutuamente; el neoliberalismo es contrario al buen vivir, busca su aniquilación, y esa contradicción no se resolverá prescindiendo de los ejercicios prácticos que demuestren a la sociedad y a las militancias la viabilidad de las formas de vida indígenas más allá de las pasiones filantrópicas veraniegas.

La pregunta motriz es “ahora que los montajes son una certeza ¿qué rol les cabe a las fuerzas de izquierda para tejer alianzas entre pueblos más allá de la mera denuncia?”. Así quizá, parte de los elementos concretos para generar unidad entre los pueblos, radica en el apoyo y fortalecimiento a las formas autogestionadas de vida que existen en los diversos territorios y alimentar esa lucha multiforme por combatir la producción neoliberal con autogestión local y propiciar una base económica sustentable para un nuevo modelo político que a través del buen vivir, permita generar dignidad y recuperar nuevas formas de relación entre los actores de los diversos territorios para ejercer soberanía en los hechos, difícilmente se producirá un cambio que abra caminos de unidad para la independencia política de los pueblos chileno y mapuche si no generamos hoy los mecanismos económicos que sustenten nuestras ideas y configuren nuestras alianzas, para pensar hay que comer.

Las respuestas desde las fuerzas transformadoras, no debiesen radicar sólo en las lamentaciones penosas sobre esta realidad ahora cristalizada, ni en las bravatas que piden renuncias y responsabilidades políticas de mandos medios y modificaciones institucionales en el país más neoliberal del mundo, eso es lo mínimo esperable, básicamente porque las fuerzas de cambio en el Chile colonial, luego del 20.23% del 19 de Noviembre deben ser capaces de hacer mucho más que la mera denuncia, basta que se pongan de acuerdo, porque cambiar la correa de sujeción por un rato no resuelve el problema de fondo, lo aquilata.

Cuando se ha abierto una puerta para las transformaciones en la política chilena se tiene la responsabilidad de idear los mecanismos que permitirán a esos 20 entre 155 marcar un quiebre en la política institucional respecto de este tema vertebral para cualquier proyecto de cambio, de lo contrario en la región de La Araucanía y el Wallmapu nos seguiremos preguntando por qué triunfa la derecha, como si la culpa estuviera solo allá y no en las magras propuestas de la izquierda para un territorio agotado de intervencionismo, las propuestas emanadas del “programa de muchos” marcan un horizonte necesario y útil para la labor parlamentaria en esta materia.

El desafío está abierto y serán las diversas voluntades que pujan por cambiar Chile desde sus distintos flancos, las llamadas a asumir con altura moral este desafío, lo indígena no es un “tema”, es todo un mundo que bien puede aportar en todas las esferas de pensamiento y planificación de la común unidad nuestroamericana, solo entonces los montajes y las falsas comedias judiciales serán un mal recuerdo de la larga noche de los pueblos.