Los resultados de las elecciones presidenciales 2017 han tenido una mejoría en el índice de participación electoral: saltó desde el 36% de las elecciones municipales del año 2016 al 46% en las parlamentarias y primera vuelta presidencial. Esta mejoría ha sacado el tema de la abstención de la agenda pública. Sin embargo, más de la mitad de los ciudadanos habilitados y habilitadas para votar, no concurrieron a elegir las autoridades políticas de los próximos cuatro años.

Es de esperar que esta recuperación de la participación electoral no nos lleve a ignorar la crisis de legitimidad y representatividad del sistema neoliberal impuesto por la dictadura cívico-militar, la que tiene raíces mucho más profundas y de la cual la desafección electoral es solo un síntoma.

Una clara muestra de esto es la persistente tendencia a la baja que ha tenido la participación electoral desde la primera elección democrática el año 1989.

[caption id="attachment_180553" align="aligncenter" width="983"] Fuente: PNUD[/caption]

Tenemos que reconocer que este salto en el porcentaje de electores, es algo positivo para la legitimidad de los representantes elegidos democráticamente, en un momento que desde amplios sectores de la sociedad civil, se están demandando profundas modificaciones del sistema hasta ahora imperante.

Demandas como el fin del sistema de AFP, una nueva Constitución generada por una asamblea constituyente, terminar con la educación y salud de mercado, requieren de una amplia participación ciudadana. Y está claro que la movilización social hasta ahora generada no ha logrado los objetivos propuestos, por lo cual tendremos que seguir promoviendo la participación ciudadana para lograr estos cambios.

Una primera consideración necesaria es precisar que la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida política y social no debiera estar limitada a la participación electoral. Es importante, sin duda, dado que es el momento en que se decide, al menos teóricamente, el proyecto que encauzará al país durante un período de tiempo, pero no es la única participación posible.

Durante mucho tiempo, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil han demandado la apertura de espacios de participación que le permitan incidir en la elaboración de las políticas públicas. Esta demanda ha forzado a los diversos gobiernos post dictadura a generar espacios de participación. Un hito en esta lucha fue la promulgación de febrero del 2011 de la Ley 20500 “Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión Pública”. Sin embargo, esta normativa legal mostró rápidamente sus limitaciones y las organizaciones intensificaron sus demandas para lograr su modificación.

Otro hito fue en enero del 2016, con la convocatoria a una multiplicidad de representantes de la sociedad civil organizada a conformar el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, instancia que elaboró un diagnóstico de la participación ciudadana en el país y recopiló un conjunto de propuestas para fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil.

También podrían entenderse como hitos de participación, los diferentes consejos temáticos: Transparencia, AFP, Descentralización, etc., convocados por el ejecutivo, y cuyos resultados no han tenido ningún eco en las propuestas de ley enviadas posteriormente al congreso.

El desafío entonces es más participación, lo que implica trabajar para rearticular el tejido social, conformar y ser parte de movimientos ciudadanos, unir los esfuerzos de las diferentes expresiones de la sociedad civil, tanto a nivel territorial como institucional. Lo único que podrá iniciar un real proceso de cambio es el cambio de la constitución, a través de una Asamblea constituyente, amplia y vinculante.

Entonces, a los candidatos presidenciables hay que exigirles: la convocatoria al cambio constitucional; asumir las propuestas y exigencias elaboradas por el Consejo de Participación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, generar mecanismos de participación incidente tanto a nivel nacional, regional como local.

Esto es lo mínimo si no se quiere que nuevamente la gran ganadora de las elecciones sea la abstención.