El Frente Amplio inició hace meses una discusión programática abierta a nivel nacional. En ella participamos muchos militantes, algunos adherentes y no pocos ciudadanos independientes e integrantes de organizaciones sociales. Todos convocados a debatir sobre alguno de los 27 ejes programáticos propuestos. El objetivo fue construir un programa de gobierno, del cual la única certeza que se tenía era que luego de ser debatido, sería plebiscitado para dirimir las diferencias y sancionar los consensos.

Uno de los ejes en discusión fue el de migraciones. Como coordinador del Grupo de Apoyo Programático de Migraciones, me tocó moderar algunos de los encuentros realizados en la Región Metropolitana y conocer todas las actas de los encuentros de otras regiones. En estos encuentros puedo asegurar que no hubo límites a la discusión, ni consensos predeterminados, ni tampoco posiciones definitivas de antemano. El debate fue totalmente abierto y, como en todo debate abierto, surgen ideas diversas, se confrontan miradas y se disputa por generar posiciones mayoritarias.

Desde las orgánicas del Frenta Amplio ha generado malestar el voto de disenso que arrojó la discusión en los territorios en los grupos abocados al tema de migraciones. Esto abre el debate por la validación de los espacios donde se generan las propuestas y se aprueban estas posiciones. El acto de ceder el poco poder con el que como convocantes contábamos, se expresó en un diálogo abierto sin otra restricción que la capacidad de argumentar y defender puntos de vista. Hubo no pocos disensos que, luego de ser discutidos, fueron votados y tipificados como minoritarios.

En la discusión en torno a los derechos de los migrantes y el papel del Estado, surgieron consensos mayoritarios en torno a la necesidad de crear condiciones para una política migratoria nueva y centrada en el enfoque de derechos humanos. Fue la postura que elaboramos, defendimos y argumentamos. Sin embargo, surgieron en el ejercicio, como era de esperar, miradas restrictivas que entienden la migración como un problema, que la asocian a la delincuencia y que proponen limitar el número de entradas de extranjeros y condicionar el acceso con restricciones asociadas a las necesidades e intereses del país.

No nos extrañó encontrar estos discursos pues son habituales en un país en que la migración de hecho genera miedo y rechazo en parte de nuestra sociedad y, por qué no decirlo, en los actores políticos locales. Sirva como ejemplo de ello el proyecto de ley que el gobierno presentó hace un par de semanas al Congreso, que se sitúa plenamente en un enfoque de seguridad nacional contradictorio con el enfoque de derechos. Que este proyecto no haya generado mayor controversia pública expresa el hecho de que se ha instalado la xenofobia como una posición normal y de sentido común en sectores distribuidos en las distintas clases sociales y territorios del país.

Llegados a este punto surge una pregunta inherente al proceso democrático que hemos abierto: ¿cómo procesar las posiciones opuestas a las convicciones de quienes abrimos el proceso a la ciudadanía? Es allí donde nos encontramos con uno de los dilemas claves de la democracia: ¿vamos a obviar las posiciones contradictorias con nuestros principios democráticos fundamentales y sacrificar el proceso, o vamos ponerlas por delante como el foco de la disputa política central? El ejercicio que realizamos previo al plebiscito que hoy se encuentra en curso hasta el 26 de septiembre fue como el del equilibrista que mientras busca su punto con los pies sobre el monociclo, intenta dominar el malabar con navajas con las manos.

Esto lo sabíamos y lo sabemos, lo entendemos y asumimos como un espacio de disputa. La lucha que buscamos dar es juntamente la que pretende derrotar esas posiciones contradictorias a los derechos, pero no desde una retórica que se confirma en nuestro espacio de confort homogéneo, sino allí donde se tensiona y de la forma en que realmente ocurre. Pudimos haber obviado aquellos disensos incómodos, u omitido la brutalidad de las concepciones que parte de nuestra sociedad asume como normales, bajo la excusa de catalogarlas como inaceptables, pudimos también haber cerrado las puertas de los encuentros programáticos para redactar nuestras propuestas y presentarlas como consensos definitivos.

Pudimos haber puesto el límite legítimo de los derechos humanos y ahorrarnos el problema de visibilizar lo que expresan las personas con las que convivimos, en nuestros barrios, lugares de trabajo o colegios. Pudimos haber redactado un voto ficticio y confortable pero carente de consistencia política en torno a dos alternativas sobre tipos de visas para extranjeros, o respecto de la nueva institucionalidad necesaria. Pudimos haber votado si era mejor un Servicio Nacional de Migraciones o una Subsecretaría en el Ministerio de Desarrollo Social. Pudimos haber convertido una disputa política fundamental en un tecnicismo incomprensible y poco significativo para nuestros interlocutores que no quieren “tantos migrantes”. Optamos sin embargo por encarar el problema para ir disputar lo central, pero sobre todo lo real.

Es aquí donde se expresa la principal tensión: los derechos no se deben plebiscitar. Eso es evidente. Lo contrario, según me recordó con legítima indignación una compañera del Frente Amplio, es fascismo. Por supuesto que estamos de acuerdo en eso, pero aquí no estamos plebiscitando los derechos sino que disputándolos en la forma en que se expresan cotidianamente.

Ayer el senador y candidato a diputado por Iquique, Fulvio Rossi, presentó un afiche que señalaba textualmente “No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes”, con su foto y sin arrugarse. Lo dramático de esto no es solo lo que el afiche expresa sino medida utilidad que tiene instrumentalizar a los migrantes como estrategia para atraer a un electorado identificado con el desprecio y educado en la xenofobia. Así de álgido está el ambiente como para desviarnos de lo fundamental.

Trabajar por este plebiscito y por este proyecto político se trata justamente de eso, de pelear por esos derechos para lograr crearlos. Por supuesto que los derechos no se pueden plebiscitar, pero es claro que no por decretarlos o gritarlos al viento se van a realizar. Los derechos debemos conquistarlos, y para ello es necesario derrotar a las ideas de quienes no creen en ellos, ya sea por convicción o porque su sentido común no les permite estar de nuestro lado.

Lo que se juega en este plebiscito (no solo en el voto sobre migraciones) es eso, una lucha entre quienes creemos en una sociedad de derechos y quienes no; entre quienes han sido amansados en las dinámicas del mercado y quienes nos rebelamos. No estamos plebiscitando para llegar a la fórmula técnica correcta, sino para empezar a crear las condiciones para vivir en una sociedad de derechos. Y para hacerlo, los que estamos en ello no tenemos otro camino que el de convencer a nuestros adversarios y derrotar a nuestros enemigos, la fórmula hoy es exponiéndolos en un ejercicio de construcción de democracia.