El Gobierno descartó la posibilidad de acatar las demandas de los comuneros mapuche imputados por el "caso iglesias" que completan este domingo 110 días de huelga de hambre.

El intendente subrogante de La Araucanía, Ricardo Chancerel, aseguró a Radio Cooperativa que la querella "no es negociable" y que no se retirará la aplicación de la ley antiterrorista en su trámite judicial.

"En este caso, dada la gravedad de los hechos, sería una pésima señal que retiráramos la querella", indicó la autoridad regional en referencia al incendio intencional perpetrado contra una iglesia evangélica en la localidad de Padre de Las Casas en julio del 2016.

Los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, junto Alfredo Trancal, fueron detenidos tras el ataque y desde entonces permanecen en prisión preventiva, en un juicio en el que tanto la Fiscalía como las defensas se acusan mutuamente de maniobras dilatorias. Por su parte, los comuneros han condicionado el fin del ayuno al retiro de la Ley 18.314 para demostrar su inocencia en un proceso bajo la ley penal común.

Chancerel insistió que "los tribunales consideran, al igual que el Ministerio Público y el Gobierno, que dada la relevancia de este hecho corresponde mantener esa figura legal. Eso no puede ser negociable".

"Estamos hablando de la quema de un templo con personas en su interior, de niños, de mujeres que estaban celebrando un culto y fueron interrumpidos por encapuchados que arrojaron antorchas y los amenazaron con armas", argumentó.

La audiencia preparatoria del juicio oral del caso se celebrará el próximo 27 de septiembre. Sin embargo, la condición de salud de los comuneros empeora y continuarán bajo permanente observación médica al interior de la cárcel de Temuco.

El caso más complicado es el de Alfredo Tralcal, a quien se le detectó una hemorragia digestiva y se le recomendó médicamente realizar una colonoscopia, pero para ello se requiere la "necesaria voluntad del imputado".