El ministro en visita Alejandro Madrid condenó este lunes a cinco militares en retiro involucrados en el envenenamiento con armas químicas de opositores a la dictadura militar en 1981, crimen que antecedió el supuesto asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva en la clínica Santa María de Santiago.

El fallo, tras años de investigaciones, apuntó la responsabilidad de los antiguos uniformados en dos homicidios consumados y otros cinco frustrados cometidos en la desaparecida Cárcel Pública.

Los militares sentenciados, según el veredicto que puede ser apelado a la Corte Suprema, son Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú, condenados a penas de veinte años de presidio en calidad de autores de los homicidios consumados de Víctor Corvalán y Héctor Pacheco; y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez, Ricardo Aguilera, Elizardo Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Garrido.

En tanto, los oficiales Joaquín Larraín, Jaime Fuenzalida y Ronald Bennett deberán purgar diez años y un día de presidio, en calidad de cómplices.

El crimen

Según la investigación, las víctimas fueron envenenadas en diciembre de 1981, luego que fueran contaminadas sus comidas con toxina botulínica.

"Los hechos descritos precedentemente, permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una operación especial de inteligencia", aseveró el Poder Judicial en un comunicado.

Una historia increíble

Pinochet tuvo en su poder armas químicas capaces de eliminar a miles de personas, según reveló en 2012 la exdirectora del Instituto de Salud Pública (ISP), Ingrid Heitmann.

“Eran dos cajas llenas de ampollas, suficientes (...) Se podía matar a muchísimos, pero no sé cuántos”, precisó la profesional.

Las sustancias, según su relato, fueron encontradas el año 2008 en el subterráneo del ISP. "Había gran cantidad de material, incluidas toxinas botulínicas”, explicó.

Las toxinas, provenientes de un laboratorio estatal de Brasil, estuvieron en poder del régimen castrense desde la década de 1980, según el testimonio de Heitmann y la investigación del juez Madrid.

Los químicos, que permanecieron veintisiete años escondidos en el ISP, al lado del Estadio Nacional, fueron descubiertos por casualidad, según la doctora Heitmann.

De hecho, desde el retorno a la democracia, varias misiones de la policía civil ingresaron al ISP en busca de evidencias, “pero nunca revisaron el subterráneo”.

Un visitante habitual

Los testimonios recogidos por la Justicia apuntaron a que varios agentes de los servicios de inteligencia eran visitantes habituales del ISP en dictadura.  Entre ellos, el más destacado fue siempre el químico Eugenio Berríos, implicado en las muertes del diplomático español Carmelo Soria en 1976 y del ex presidente Eduardo Frei en 1982.

“Los funcionarios más antiguos dicen que se paseaba como Pedro por su casa”, denunció en su momento Heitmann.

Por su parte, el arribo de los químicos a Chile, según la investigación que encabeza el juez Alejandro Madrid por la muerte de Frei, fue gestionada ante las autoridades del ISP por el médico Eduardo Arriagada Rehren.

Arriagada era director del entonces desconocido laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército, ubicado en pleno centro de Santiago, en calle Carmen, sede actual del Archivo Judicial.

¿Armas químicas? ¿Para qué?

Diversos juicios por violaciones a los derechos humanos recogen testimonios y evidencias de que los equipos represivos utilizaron la toxina botulínica, el gas sarín y el talio. En un libro del agente Eugenio Berríos, incluso, aparecen varias anotaciones sobre estos químicos.

Berríos, cercano al movimiento nacionalista Patria y Libertad durante el gobierno del depuesto presidente socialista Salvador Allende, fue un hombre clave en varios crímenes de la dictadura. Debido a ello, y a su creciente adicción al alcohol, que supuestamente lo hacía hablar más de lo conveniente, fue sacado de Chile por militares en 1991.

La operación, coordinada con equipos represivos de Argentina y Uruguay, fue realizada cuando el país ya había recuperado la democracia, pero Pinochet seguía al mando del Ejército.

Berríos, buscado esos años por la Justicia chilena, apareció finalmente muerto en Uruguay en 1995, luego de estar bajo vigilancia y secuestro por militares de ese país, como acreditaron los tribunales chilenos.

Armas químicas en La Moneda

Las toxinas botulínicas llegaron a La Moneda en valijas diplomáticas provenientes de Brasil en la década de 1980, según admitieron a la policía agentes en retiro del Ejército y del ISP.

El propio director del ISP en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar.

En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el Ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países límitrofes, en especial Argentina.

Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Eduardo Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid.