El 17 de marzo de 2016, luego de pasar por las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales fue aprobado en general en sala en una discusión maratónica de dos días. Con 67 votos a favor y 43 en contra en el caso de peligro de vida de la madre, 62 a favor y 46 en contra para la inviabilidad fetal y un estrecho 59 a 47 a favor del aborto en casos de violación, las tres causales pasaron a su segundo trámite constitucional.

Tres meses después de su ingreso al Senado, no hay fechas definidas para su votación. Y tampoco hay señal alguna de que el Ejecutivo vaya a poner urgencia a la que fue una de las promesas de campaña de la Nueva Mayoría, dilatando una discusión ampliamente resistida al interior del propio gobierno.

Desde la Comisión de Salud del Senado señalan que no se ha fijado un número límite de sesiones, ni tampoco se ha acotado el número de invitados, los que son ordenados por la presidenta de la Comisión y de la Democracia Cristiana, Carolina Goic (DC).

En marzo de 2016, la senadora declaró en Radio Cooperativa que “nosotros somos contrarios al aborto, entendemos que aquí más bien la discusión es sobre causales excepcionales, donde nuestras aproximaciones de principios son bien distintas a los que se plantean por algunos sectores”.

La senadora por Magallanes, considerada por algunos como una carta de renovación en la DC, apoya versiones restrictivas de las causales de inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre, pero rechaza el aborto terapéutico en caso de violación. “Creo que podemos hacer cosas para generar condiciones para evitar y no tener que llegar a un aborto”, ha señalado, sin especificar vías de prevención. El Desconcierto intentó en múltiples ocasiones conversar con ella para que se refiriera a la tramitación de la iniciativa sin obtener respuesta.

Al congelador

El peligro de fracaso que corre el proyecto de despenalización del aborto en tres causales en el Senado es observado también desde el gobierno. Pese a ser supernumerario del Opus Dei y haber votado contra la distribución de la píldora del día después cuando fue ministro del Tribunal Constitucional, las primeras declaraciones del nuevo ministro del Interior, Mario Fernández, fueron para cuadrarse con las tres causales.

Fernández aseguró el jueves que tenía la convicción de que el proyecto “no lesiona mis convicciones religiosas”. También agregó que había leído entero el programa de gobierno y estaba “de acuerdo de punta a punta”, en lo que fue interpretado como una señal de lealtad a la presidenta Bachelet luego de que el exministro Burgos señalara públicamente su rechazo a la iniciativa, tan sólo unos días de que se lograra su difícil aprobación en la Cámara de Diputados.

Las organizaciones promotoras de la despenalización del aborto terapéutico temen que el proyecto de tres causales corra la misma suerte que otras siete iniciativas presentadas entre 2009 y 2014: el estancamiento en alguno de los trámites parlamentarios. En la misma línea, fuentes de la Secretaría General de la Presidencia comentaron a El Desconcierto que el proyecto está “congelado” en el Senado y no se prevé ponerle urgencia alguna.

“Está la escoba. Estoy enojada y desconcertada”, señala Claudia Dides, miembro de MILES Chile. “El proyecto fue debatido por más de un año en tres comisiones de la Cámara de Diputados: la de Salud, donde se recibió a 70 organizaciones, después en la de Constitución donde también fueron decenas de organizaciones y luego en la de Hacienda. Hay un informe completísimo de la Cámara donde se da cuenta de todas las posturas”, explica.

Para Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, “sería esperable que siendo un proyecto supuestamente prioritario para el gobierno se mantuviera con urgencia legislativa del debate”. Según señala, se esperaba una discusión larga por lo controversial que resulta el proyecto, pero “debe ser acotado porque ya en la Cámara de Diputados las posiciones empezaron a repetirse, no contribuyendo al debate sino que dilatando”.

Otra preocupación es la forma en que el proyecto saldrá del Senado. Y es que si bien Chile ha recibido recomendaciones de la comunidad internacional desde 1999, algunos de los puntos introducidos en la Cámara de Diputados atentan contra disposiciones de acuerdos y convenios firmados por el Estado, como la Convención CEDAW para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las recomendaciones hechas por Comisión contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos, todas de Naciones Unidas.

Cómo saldrá el proyecto del Senado...

Varios son los puntos introducidos en la Cámara Baja que, para las organizaciones pro despenalización del aborto, constituyen retrocesos en los derechos de las mujeres. Los principales son el derecho a la confidencialidad de la información que entrega la paciente al equipo médico, el que este mismo equipo pueda denunciar una violación contra la voluntad de una mujer adulta, la restricción en los plazos en que las niñas y adolescentes pueden acceder a una interrupción del embarazo y la prohibición de la publicidad de los centros de salud donde se realicen este tipo de procedimientos médicos.

En su versión original el proyecto contenía y resguardaba el derecho a la confidencialidad de la información médica de las mujeres. Así fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero el texto sufrió su primer cambio en su siguiente paso, la Comisión de Constitución. Ninguna de las dos versiones fue aprobada en sala en marzo y el proyecto pasó al Senado con restricciones al derecho a la confidencialidad.

En Chile la legislación sobre secreto profesional protege este principio pero “por desconocimiento o errónea interpretación en algunos centros de salud no se cumple y hay centros de salud que denuncian a las mujeres, lo que es una aberración”, señala Camila Maturana. Según explica, las denuncias inciden en que las mujeres que llegan a atenderse por complicaciones médicas derivadas del aborto oculten información que es vital para que sean atendidas correctamente. “A los equipos médicos no les corresponde una función judicial o policial, ni ninguna clase de rol punitivo frente a sus pacientes”, apuntan desde Corporación Humanas.

El proyecto de ley es una modificación del Código Sanitario y, como tal, no establece mecanismos judiciales o policiales, sino que sólo regula la posibilidad de acceder a el aborto en tres causales como prestación de salud. Lo que no quiere decir que los violadores vayan a quedar en la impunidad, ya que las vías de denuncia de las agresiones sexuales ya están contempladas en el Código Penal y la disposición introducida en la Cámara plantea la  obligatoriedad de la denuncia aún cuando la víctima sea adulta y no desee emprenderla.

“Lo que hay detrás de esta norma es la desconfianza en la palabra de las mujeres y eso se vio claramente en la discusión parlamentaria, con el nivel de las expresiones de los congresistas”, critica la abogada Camila Maturana. Actualmente, el Código Penal ya obliga la denuncia cuando las víctimas son menores de edad. Para las mujeres adultas, en tanto, la legislación procesal penal establece que son delitos de acción pública previa instancia particular. Esto significa que no se puede iniciar una investigación de oficio desde el Ministerio Público a menos que la propia mujer realice la denuncia.

La obligatoriedad de la denuncia no atiende la realidad de que, al denunciar, las mujeres son estigmatizadas socialmente por sus entornos y re-victimizadas por funcionarios policiales, judiciales y de la salud. “Los parlamentarios incurrieron en esta misma re-victimización, mostrándose incapaces de creer en lo que las mujeres denuncian”, explica Maturana.

En tanto, la indicación introducida en sala en marzo por el diputado RN Nicolás Monckeberg que prohíbe la publicidad de abortos vulnera las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al derecho a la información oportuna y asequible sobre servicios y prestaciones de salud. Las organizaciones critican el sesgo de clase que esto introduce, ya que son las mujeres más pobres quienes cuentan con menos herramientas para informarse tanto respecto al aborto como a su salud sexual y reproductiva en general y el no tener esta información disponible en los centros públicos de salud las afectará principalmente a ellas.

Aborto en caso de violación: letra muerta para niñas y adolescentes

En agosto de 2015 la bancada DC presentó un conjunto de indicaciones al proyecto de ley, entre las que está la reducción del plazo en que las niñas y adolescentes violadas y embarazadas producto de la agresión sexual pueden acceder a un aborto terapéutico. En el caso de las niñas de hasta 14 años, se redujo el plazo de 18 semanas a 14. Para las adolescentes de 14 a 18 años se redujo a sólo 12 semanas de gestación.

“Estas indicaciones son un despropósito”, critica Camila Maturana de Corporación Humanas. En las actas de las sesiones de la Comisión de Salud de la Cámara, así como en el informe que emanó para el Senado, consta que toda la evidencia aportada por expertos en el tema señala que, en promedio, las niñas y adolescentes no constatan su embarazo hasta la semana número 20.

Esto se debe a su falta de conocimiento tanto del cuerpo y sus procesos biológicos, el carácter muchas veces crónico o extendido del abuso sexual en su entorno cercano -impidiendo que dispongan de una fecha concreta para calcular- y también a su condición mayoritariamente de pobreza, por lo que tienen índices más bajos de acceso a los centros de salud.

Desde las organizaciones a favor de la despenalización del aborto auguran que estos plazos serán una barrera que transformará la ley en letra muerta. En la práctica, las niñas y adolescentes violadas y embarazadas que quieran abortar tendrán como opciones un embarazo forzado, que para Naciones Unidas es una forma de tortura, o el aborto clandestino. “Es un círculo completo de vulnerabilidad y violación de los derechos humanos de las niñas en circunstancias que Chile ha suscrito compromisos expresos para protegerlas”, denuncia Camila Maturana.

La última sesión programada para el día lunes 13 de junio fue suspendida por oficio, dejando sin efecto la citación. En ella iban a exponer principalmente agrupaciones religiosas, pese a que ya asistieron en masa a la Cámara de Diputados y que la dilatación de la discusión empieza a exasperar a agrupaciones que inicialmente apoyaron el proyecto.

Para Claudia Dides, de MILES, la forma cerrada en que el Senado decide puede derivar en que el proyecto “termine muy recortado, con muchas indicaciones para disuadir a las mujeres de abortar. No sabemos qué va a salir, porque sigue siendo un caballito de batalla de la DC, con posiciones muy ambiguas. Esperamos que el ministro Fernández sea capaz de cumplir su palabra. El Senado tiene una deuda con las mujeres chilenas y no puede estar debatiendo un año más, es una falta de respeto”.

Mientras tanto, el proyecto de despenalización del aborto en tres causales cumplirá un año y medio desde que fue anunciado por la presidenta Bachelet en un proceso de tramitación difícil y  sin fecha fija para votarse.